El Defensor de la Audiencia de Ibero 90.9 fm sobre la reforma 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión*

Una de las razones por las cuales no ha sido posible la transición democrática en México, a pesar de la enorme e incesante inversión social desde mediados de los años setenta [siglo XX], es que los poderes del Estado llegan a funcionar sometidos a grupos de interés internos-externos [stakeholders], parasitarios de lo público.

¿Es esta una manera eufemística de decir «mafias»? En general, las stakeholders son un fenómeno inevitable identificado por la Administración, que ha desarrollado mecanismos para gestionarlo y, en lo posible, encausarlo hacia los fines legítimos de la empresa.

Vertiente nociva de los stakeholders, los poderes fácticos dentro de las instituciones existen y no dejarán de hacerlo. La clave es inhibirlos para evitar su predominio y que impongan su agenda privada a la colectiva ―por cierto, sin mitificaciones, tal vez lo que diferencie a una o un simple político de una mujer u hombre de Estado es qué tanto trabaja por el interés general respecto del suyo personal.

Desde que en diciembre de 2016, hace casi un año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones [IFT] emitió los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, se desataron los poderes fácticos dentro del Ejecutivo y el Legislativo, disciplinándose a los dictados del lobby de medios de comunicación corporativos ―Televisa y TV Azteca al frente de forma abierta.

Con expedita sumisión, arguyendo defenderlos, servidoras y servidores públicos del más alto nivel conspiraron contra los intereses de todas y todos desde la Presidencia de la República y el Senado de la República, al promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales [enero 2017], bajo el argumento de que con dichos Lineamientos el IFT ¡quebrantaba la libertad de expresión y el derecho a la información!, además de excederse en sus facultades, invadiendo las del Poder Legislativo.

El IFT optó por suspender los efectos de dicha norma, en espera de la resolución de la Corte, que sencillamente no ha llegado. Y quizá no haga falta ya. El PRI, el PAN y sus partidos comparsa en el Congreso de la Unión aprobaron una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que golpea el corazón de la vida democrática [octubre 27, 2017].

 

Flashback: Ciñéndose a la reforma constitucional [2013] y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión [2014], con los Lineamientos [2016] el IFT no había hecho más que emitir un instrumento vinculante para las concesionarias de radio y televisión, 1) con base en una perspectiva integral de derechos humanos y diferenciada [igualdad de las mujeres, derechos de la niñez y la adolescencia, no discriminación, inclusión social y accesibilidad]; 2) estableciendo la obligación de veracidad y transparencia, y 3) con mecanismos de accountability como la defensoría formal de las audiencias a partir de un marco deontológico que incluía un código ético obligatorio, aparte de disposiciones de sanción como la suspensión precautoria de transmisiones.

Reforma constitucional, Ley y Lineamientos habían sido frutos estimulantes de décadas de esfuerzo ciudadano para transitar en la construcción de un sistema de medios democrático, es decir, diversificado y con contrapesos y responsabilidades frente a la comunidad.

El mes anterior, la reforma constitucional, engendro de los poderes fácticos apropiados de las instituciones del Estado, implicó un retroceso severo y tal vez irreversible no solo en cuanto a los derechos de las audiencias, sino para la democracia, porque ahonda la asimetría entre los corporativos multimediáticos y el público, dejando a este en la mayor indefensión otra vez.

Los medios de radio y televisión, entonces, no tendrán ya que garantizarnos veracidad, pudiendo darnos impunemente publicidad, propaganda y opinión por información sin tener que advertírnoslo; sus defensorías de audiencias solo les rendirán cuentas a ellos mismos y a nadie más, y el IFT no podrá aplicar sanciones por violaciones normativas.

En particular, por ejemplo, los medios corporativos podrán seguir vendiendo sus espacios formal e informalmente, lo que también ahondará la alevosa desventaja en la que la ley mantiene a los medios de radiodifusión de uso social ―entre los que se cuenta Ibero 90.9―, que tienen prohibida toda forma de comercialización de espacios publicitarios.

Todo esto perpetrado en nombre de nuestra libertad de expresión.

 

Atentamente,

Marco Lara Klahr

Defensor de la Audiencia

Ibero 90.9 fm

Noviembre 13, 2017, Ciudad de México

 

*En respuesta a la atenta solicitud del radioescucha Pedro López Doria [octubre 31, 2017], vía correo electrónico, de emitir «una opinión respecto a las nuevas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a la libertad de expresión y el derecho de las audiencias realizadas el pasado 27 de octubre 2017».

*Publicado en ibero909.fm [noviembre 14, 2017]

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